ARTÍCULO 9o. DE LA ADJUDICACIÓN. En el evento previsto en el artículo 273 de la Constitución Política y en general en los procesos de licitación pública, la adjudicación se hará de forma obligatoria en audiencia pública, mediante resolución motivada, que se entenderá notificada al proponente favorecido en dicha audiencia.
Durante la misma audiencia, y previamente a la adopción de la decisión definitiva de adjudicación, los interesados podrán pronunciarse sobre la respuesta dada por la entidad contratante a las observaciones presentadas respecto de los informes de evaluación.
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual, la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.
Sin perjuicio de las potestades a que se refiere el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, en aquellos casos en que la entidad declare la caducidad del contrato y se encuentre pendiente de ejecución un porcentaje igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del mismo, con excepción de los contratos de concesión, se podrá contratar al proponente calificado en el segundo lugar en el proceso de selección respectivo, previa revisión de las condiciones a que haya lugar.".
Adicionalmente el Código Contencioso Administrativo establece que:
"ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona."
En el caso del Transmicable de Ciudad Boĺivar Peñalosa no lo pudo suspender porque ya se tenía acta de inicio, proceso posterior a la licitación.
Y desde luego recordamos que ex-alcalde suspendió todo proceso relacionado con el Transmicable de San Cristobal.
Son varios los elementos que en forma general relaciono a continuación:
1. Conconcreto una de las adjudicatarias de uno de los tramos se encuentra sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC y ya estaba preseleccionada a partir del proceso abierto por Peñalosa el primero de noviembre de 2019. Lo cual fundamenta una potencial incapacidad jurídica para suscribir una obra de alto impacto.
De Conconcreto se dice que son de propiedad de la sociedad Aristizabal, Fajardo, Vélez y Cía, donde están los hermanos de Sergio Fajardo el precandidato presidencial. No se observa aquí ilegalidad, pero si potenciales elementos éticos.
2. El Programa de gobierno y los compromisos públicos de la Alcaldesa Claudia López conlleva a una incompatibilidad, máxime si anunció que con dichos recursos se ampliaría el Metro hasta Suba y Engativá. Es decir la adjudicación de la licitación conlleva al incumplimiento de la voluntad popular.
3. Se conocen de sobrecostos por la suma de $600.000 millones de pesos.
4. Los concejales del Partido Verde y del Polo Democrático, los dos partidos que avalaron el programa de gobierno se han expresado públicamente.
"Tengo la esperanza que Claudia López suspenda la licitación de Transmilenio por la 68.
Celio Nieves Concejal del PDA afirmó: "Ella prometió, en campaña que con los dineros de esa troncal y la de la carrera 7a. haría la extensión de la primera línea del metro a Suba y Engativá, a la gente hay que cumplirle".
5. Existen soluciones de movilidad diferentes, con menos impacto social y ambiental incluso con el enfoque de servir de alimentador del Metro. El Comité de NoTransmilenio68 afirma:
"Dra. @ClaudiaLopez, con @TransMilenio por la 68 se demolerían todas las casas que dan vida al cluster de dotaciones y cerámicas más grande de #Colombia. Miles de mujeres cabezas de hogar perderán su empleo! En otro trino dice:
Dra. @ClaudiaLopez, nuevamente el @NoTransM68 le pide que, mientras no se resuelva la ilegalidad del proyecto, se abstenga de firmar la adjudicación el 23 de enero. Por orden de Duque, el costo del proyecto pasó de 4 a 2.6 billones. Es el peor @TransMilenio posible para #Bogota.
6. Según la concejala María Fernanda Rojas, la alcaldesa en este caso tiene a su favor el estudio de la Financiera de Desarrollo Nacional, en el que se establece que el Regiotram del Norte puede cubrir esa demanda de la Séptima.
Todos los argumentos anteriores deberían ser motivos de una acción popular o de otras actividades. En todo caso cabe preguntar si la gran mayoría de los recursos provienen de la Nación, no veo que hubiera sido muy fácil convencer el gobierno de Duque de tal cambio, al menos por otra opción y mantener el aporte del fisco nacional.
A la alcaldesa hay que ayudarle a gobernar y ella seguramente debería retomar el rumbo en éste tema preciso.
